Único judicializado sería un testaferro. Dicha persona tuvo que ser trasladada a un centro asistencial luego de la audiencia de imputación.
El caso de Lili Pink sigue destapando detalles que tienen a más de uno con la boca abierta. Esta vez, la Fiscalía General de la Nación puso la lupa en algo delicado: una posible filtración de información que habría permitido que los verdaderos cerebros del negocio se volaran del país antes de los operativos.
Según las autoridades, detrás de esta reconocida marca habría funcionado un complejo entramado de empresas. No era solo vender ropa interior, no señor. La investigación habla de importadoras, comercializadoras y hasta sociedades de papel, es decir, empresas que solo existían en documentos, pero que servían para mover mercancía y plata sin levantar sospechas.
¿La jugada? Ingresar productos como ropa, cosméticos y juguetes, darles apariencia legal y meterlos al mercado como si todo estuviera en regla. Con eso, presuntamente, se lograba mezclar dinero de origen ilícito con operaciones formales, dificultando que las autoridades le siguieran el rastro a la plata.
Pero hay un detalle que tiene a los investigadores rascándose la cabeza. Uno de los supuestos socios mayoritarios que aparece en los papeles no cuadra con el perfil de un gran empresario. Al revisar su historial, encontraron que ha trabajado como conductor. Por eso, la hipótesis es clara: podría tratarse de un testaferro, alguien que presta su nombre para tapar a los verdaderos dueños del negocio.
A esto se le suma otro dato que prende las alarmas: la Sociedad de Activos Especiales confirmó que quienes serían los principales responsables del entramado empresarial ya no están en Colombia. Salieron del país antes de que se ejecutaran los operativos de extinción de dominio en más de 400 locales. Y ahí es donde entra la gran pregunta: ¿alguien les avisó?
La Fiscalía ahora busca establecer si hubo una filtración desde adentro que les permitió anticiparse a las decisiones judiciales y escapar justo a tiempo. También investigan cómo lograron evadir controles aduaneros durante tanto tiempo sin ser detectados.
Las cifras del caso son de otro nivel. Se habla de un posible lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos, un enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones, decomisos de mercancía por más de 54.000 millones y un contrabando estimado en más de 75.000 millones.
Pese a todo este escándalo, hay un dato que genera aún más polémica: hasta ahora solo una persona ha sido judicializada. Este individuo, señalado como presunto testaferro, incluso tuvo que ser trasladado a un centro médico luego de la audiencia de imputación. Su situación jurídica sigue en veremos mientras se define si recibe medida de aseguramiento.
Por ahora, la investigación sigue abierta y las autoridades continúan recogiendo pruebas para entender el alcance real de esta red.
