Dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección fueron secuestrados de forma temporal y despojados de un arma oficial en el oriente del Cauca.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
Un nuevo episodio de violencia armada se registró en la zona rural del municipio de Páez–Belalcázar, en el oriente del departamento del Cauca, donde dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, fueron víctimas de un secuestro temporal y posterior asalto por parte de disidentes de las Farc.
De acuerdo con información confirmada por fuentes policiales, los responsables del hecho serían integrantes del frente Dagoberto Ramos, estructura disidente que mantiene una fuerte presencia en esta región. Los funcionarios fueron interceptados mientras se desplazaban por un corredor rural considerado estratégico y de alto riesgo por la constante actividad de grupos armados ilegales.
Según el reporte oficial, los escoltas permanecieron retenidos durante varias horas, tiempo en el cual fueron obligados a detener su recorrido bajo la amenaza de armas de fuego. Una vez liberados, lograron movilizarse por sus propios medios hasta el casco urbano de Páez, donde denunciaron lo sucedido ante las autoridades competentes.
Durante el asalto, los disidentes realizaron una requisa exhaustiva tanto a los funcionarios como al vehículo en el que se transportaban. En medio de este procedimiento ilegal, les fue hurtada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, de dotación oficial, hecho que genera especial preocupación por tratarse de armamento institucional que ahora estaría en poder de un grupo armado ilegal.
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El ataque ocurrió en el sector conocido como Birmania, punto donde los disidentes habrían instalado un retén ilegal para ejercer control territorial. Allí, al menos ocho hombres armados interceptaron la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaban los escoltas, obligándolos a detenerse y acatar las órdenes impartidas por el grupo insurgente.
Uniformados que operan en esta zona del Cauca indicaron que cualquier intento de huida habría puesto en riesgo la vida de los funcionarios, razón por la cual estos permanecieron bajo custodia hasta que los disidentes culminaron el asalto y les permitieron continuar su camino.
Una vez en el casco urbano del municipio, las víctimas acudieron a la estación de Policía para instaurar la denuncia formal y recibir acompañamiento institucional. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes y dieron inicio a las investigaciones para esclarecer los hechos.
También se confirmó que los escoltas hacen parte del esquema de seguridad de un líder del Consejo Comunitario Mayor de la Capitanía Afrodescendiente, organización con presencia en el municipio. Al momento del secuestro temporal, los funcionarios se dirigían a cumplir labores de protección, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que están expuestos tanto líderes sociales como quienes integran sus esquemas de seguridad.
