Los esquemas representaban, en conjunto, cerca de $40 millones mensuales para el Estado.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó una decisión que ya genera ruido: retiró los esquemas de seguridad que tenían Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de realizar las respectivas revisiones técnicas sobre el nivel de riesgo de cada uno.
De acuerdo con la información suministrada sobre el proceso, ninguno de los tres cumpliría actualmente con las condiciones necesarias para mantener escoltas y vehículos oficiales. Los dispositivos, en conjunto, representaban un costo cercano a $40 millones mensuales para el presupuesto público.
En esa cifra se incluyen los gastos relacionados con el personal de seguridad, vehículos, combustible, mantenimiento y otros costos operativos asociados a los esquemas.
La UNP explicó que las medidas de protección no son permanentes y deben ser revisadas periódicamente. Para determinar si una persona requiere continuar con un dispositivo se tienen en cuenta factores como amenazas concretas, permanencia del riesgo, nivel de exposición pública y proporcionalidad de los recursos destinados frente al peligro identificado.
¿Qué pasó con Gabriela Muñoz?
En el caso de Gabriela Muñoz, el esquema fue asignado durante la etapa final del Gobierno anterior, después de que denunciara intimidaciones y presentara una queja ante la Fiscalía.
Sin embargo, la UNP precisó que la Fiscalía no ordenó directamente que le fueran asignados escoltas. Lo que hizo fue solicitar un estudio técnico para establecer el nivel de riesgo.
Tras la evaluación, la entidad determinó que ya no estaban presentes las condiciones que justificaran la continuidad del esquema.
El nombre de Muñoz también ha estado en medio de cuestionamientos relacionados con su presunta influencia en decisiones de la Aeronáutica Civil y con nombramientos de funcionarios que tendrían vínculos con ella. Estos hechos fueron objeto de una indagación preliminar de la Procuraduría.
El caso de Juliana Guerrero
La situación de Juliana Guerrero también está relacionada con investigaciones que permanecen abiertas en la Fiscalía.
Uno de los procesos está relacionado con el presunto uso de títulos falsos para acreditar requisitos necesarios para un nombramiento, mientras que otro se relaciona con una supuesta red de gestión de contratos.
Dentro de las pesquisas conocidas se han mencionado presuntos cobros para facilitar gestiones: $1 millón por conseguir una reunión, un anticipo de $200 millones y una comisión del 10 % sobre el valor de un contrato adjudicado.
Estos señalamientos han sido negados por Guerrero y hacen parte de investigaciones que continúan su curso.
¿Por qué le quitaron la protección a Beto Coral?
En el caso de Beto Coral, la UNP explicó que el esquema fue entregado de manera inmediata después de su deportación desde Estados Unidos.
La entidad señaló que, debido a la situación de urgencia, las medidas pudieron otorgarse inicialmente sin completar el proceso técnico ordinario. Sin embargo, para mantenerlas era necesario realizar posteriormente una evaluación formal del nivel de riesgo.
Después de ese análisis, no se encontraron elementos suficientes para justificar la continuidad del esquema de seguridad.
La UNP recordó que en situaciones consideradas urgentes puede entregar protección temporal, pero esta debe ser posteriormente sometida a los protocolos y estudios correspondientes.
Con las tres decisiones, la entidad busca ajustar los recursos destinados a protección a las necesidades reales de cada beneficiario y evitar que el dinero público sea utilizado en esquemas que, de acuerdo con las evaluaciones técnicas, ya no estarían justificados.
