Gustavo Orozco advierte que las altas sanciones no reducen la mortalidad vial y castigan desproporcionadamente a los trabajadores de menores ingresos.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
El sistema de sanciones viales en Colombia entró en el centro de un debate nacional tras la reciente propuesta de la Secretaría de Movilidad de Cali. Su titular, Gustavo Orozco, lanzó un llamado al Congreso de la República para replantear el valor de las infracciones, argumentando que el modelo actual es punitivo y carece de una relación técnica con la seguridad en las carreteras.
Para el funcionario, el incremento automático de los comparendos, atado a fórmulas de indexación económica, no ha demostrado ser una herramienta eficaz para salvar vidas. Orozco sostiene que las multas suben cada año conforme aumenta el salario mínimo, pero esto no se traduce necesariamente en una disminución de los accidentes o conductas de riesgo en las vías.
Uno de los puntos más críticos de la exposición de Orozco se centra en el impacto social de las sanciones actuales. Según cifras de la dependencia, una infracción por no portar el casco reglamentario tiene un costo aproximado de $633.000, suma que representa el 36 % del ingreso mensual de un empleado que percibe el salario mínimo.
La preocupación aumenta al considerar que, según datos del DANE, más del 45 % de la población colombiana devenga menos de un salario mínimo. Bajo este escenario, el pago de una sola multa puede obligar a las familias a sacrificar recursos vitales destinados a la alimentación, el arriendo o la educación, profundizando la brecha de desigualdad en el país.
El secretario Orozco fue enfático al señalar que multas más costosas no garantizan mejores indicadores de seguridad vial. En Colombia, un comparendo por exceso de velocidad oscila entre los 15 y 30 salarios mínimos diarios, mientras que en naciones con menor mortalidad vial, estas sanciones equivalen apenas a entre 1 y 5 días de ingreso promedio.
Citando investigaciones internacionales, el funcionario explicó que elevar el valor de las multas, incluso hasta en un 50 %, no genera reducciones significativas en lesiones graves o fatalidades. Para la cartera de movilidad, la clave del éxito no reside en el monto del recaudo, sino en la eficiencia de los controles, la pedagogía y el cumplimiento efectivo de la sanción.
La propuesta final busca que el Legislativo modifique el sistema de indexación para que los valores de las multas se ajusten a la realidad económica de Colombia. Orozco pretende que las sanciones se enfoquen en mejorar el orden y la convivencia en las calles, evitando que se conviertan en una carga insostenible para los ciudadanos.
El debate ahora queda en manos de los congresistas, quienes deberán evaluar si el sistema sancionatorio debe seguir priorizando el criterio económico o si, por el contrario, debe migrar hacia un enfoque más técnico y social. El objetivo es lograr un equilibrio donde la ley se cumpla sin comprometer el sustento básico de los trabajadores más vulnerables.
