Tras un conflicto de competencias internas, el ente acusador relevó a la fiscal del caso y remitió el expediente a un grupo de tareas especiales para evitar futuras nulidades.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
En un giro inesperado que reconfigura el panorama judicial del país, la Fiscalía General de la Nación decidió retirar la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La determinación se produjo apenas cuatro horas después de que se oficializara el llamado a responder por el presunto delito de prevaricato por omisión, relacionado con el manejo del esquema de seguridad del fallecido líder político Miguel Uribe Turbay.
La autoridad judicial fundamentó este “reversazo” en cuestiones estrictamente técnicas de jurisdicción. Según se informó, la fiscal Elsa Reyes, quien radicó inicialmente la diligencia, no formaba parte del Grupo de Tareas Especiales creado específicamente mediante la Resolución 001683 de junio de 2025 para investigar el magnicidio. Al advertir que la competencia integral recae sobre este equipo especializado, la institución consideró improcedente la actuación de la fiscalía local y optó por reorganizar el expediente.
El retiro de la audiencia, que estaba programada para el 11 de febrero de 2026, no significa el cierre del proceso ni la exoneración del funcionario. El objetivo de la Fiscalía es consolidar todas las actuaciones bajo el mando de Javier Mauricio Paba Mejía, director de la Seccional Bogotá, para evitar que el proceso sufra de nulidades en el futuro. En los próximos días, se instalará una mesa técnica para valorar los elementos probatorios y definir la responsabilidad penal en la cadena de mando de la UNP.
Esta mesa de trabajo se enfocará en fortalecer la línea investigativa sobre la presunta desatención a los llamados de auxilio del precandidato. La indagación buscará determinar si hubo una negligencia administrativa o penal al no reforzar el esquema de seguridad, a pesar de las alertas constantes sobre el riesgo que corría el senador del Centro Democrático antes del atentado del 7 de junio de 2025.
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El trasfondo del caso, impulsado por el abogado Víctor Mosquera, señala que el entorno de Uribe Turbay habría remitido al menos 23 requerimientos formales a la UNP solicitando mayor protección. De acuerdo con las evidencias recopiladas, el día del ataque el político solo contaba con tres escoltas, situación que permitió a un sicario acercarse a escasos metros para ejecutar el crimen. Este volumen de solicitudes ignoradas es la base de la acusación por omisión que el equipo especial deberá reevaluar.
Por su parte, el director de la UNP ha mantenido su postura defensiva, calificando la actuación judicial como una maniobra con “tinte político”. Rodríguez ha defendido su gestión frente a la entidad y ha puesto sobre la mesa un dato relevante para el expediente: el hecho de que el propio Uribe Turbay había transferido parte de su protección a su esposa. Este factor será clave en el análisis de los investigadores para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados.
#ATENCIÓN | La firma de abogados de Víctor Mosquera (@VictorMosqueraM) celebró que la @FiscaliaCol hubiese llamado a imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (@UNPColombia), por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tal como lo informó en primicia… pic.twitter.com/oxrnPCya6J
— Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) January 19, 2026
La Presidencia y la dirección de la unidad han insistido en que el manejo de este caso debe ceñirse a un rigor técnico absoluto. La Fiscalía reiteró que esta reorganización interna busca garantizar que todos los informes y alertas sobre posibles fallas en la seguridad del líder opositor sean procesados por el grupo competente para casos de alto perfil.
Con la remisión del expediente al Grupo de Tareas Especiales, se espera una visión más integral del magnicidio. La justicia deberá ahora definir, bajo un nuevo marco de mando, si las pruebas recolectadas son suficientes para radicar nuevamente una imputación contra Augusto Rodríguez o si el caso tomará un giro distinto en las próximas semanas.
