Emergencia económica genera choque entre Gobierno y gobernadores: anuncian acciones jurídicas

El Ministerio de Justicia aseguró que el decreto debe aplicarse en todo el país y advirtió consecuencias legales para quienes lo desconozcan.

Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín

La emergencia económica decretada por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de tensión institucional tras los anuncios de varios gobernadores que han manifestado su intención de no aplicar las medidas adoptadas bajo este mecanismo excepcional. Frente a esta postura, el Ejecutivo advirtió que se emprenderán acciones jurídicas contra las autoridades territoriales que desacaten el decreto y vulneren el orden constitucional.

El pronunciamiento fue realizado por el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, quien recalcó que el cumplimiento de la Constitución es obligatorio para todas las autoridades del país, sin distinción de nivel o jurisdicción. Según explicó, ninguna entidad territorial puede sustraerse de la aplicación de un decreto expedido dentro de un estado de emergencia debidamente declarado.

El pronunciamiento fue realizado por el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco / Foto: Presidencia

“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar”, afirmó el funcionario, al advertir que las acciones administrativas que se adopten en contravía de la Constitución darán lugar a las respectivas acciones jurídicas por parte del Gobierno nacional.

Las declaraciones del ministro se produjeron luego de que 17 gobernadores anunciaran públicamente que no aplicarían las medidas derivadas del decreto de emergencia económica, al considerar que algunas disposiciones excederían los alcances legales del Ejecutivo. Frente a este escenario, Idárraga señaló que dichas posturas constituyen interpretaciones unilaterales que no están permitidas dentro del marco constitucional.

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El jefe de la cartera de Justicia subrayó que ninguna autoridad territorial puede atribuirse funciones que corresponden de manera exclusiva a la Corte Constitucional, entidad encargada de revisar la legalidad y constitucionalidad de los decretos expedidos durante los estados de excepción. En ese sentido, reiteró que los gobernadores no tienen competencia para decidir, por cuenta propia, si aplican o no una medida de este tipo.

“El respeto por la Constitución Nacional no es opcional”, insistió el ministro encargado, al tiempo que recalcó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro actuará siempre dentro del marco legal y utilizará los mecanismos institucionales para garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.

Desde el Ministerio de Justicia se advirtió, además, que las autoridades regionales no pueden obstaculizar la ejecución de las medidas administrativas dictadas en el marco de la emergencia económica, ni intervenir indebidamente en su implementación. Cualquier acción en ese sentido, señaló Idárraga, será evaluada jurídicamente por el Gobierno.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la cartera de Justicia confirmó la posición oficial. “Desde el Gobierno del presidente @petrogustavo se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas desacatando la medida”, indicó el ministerio, reforzando el mensaje de que el decreto debe aplicarse en todo el territorio nacional.

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