Cuatro defensores de derechos humanos fueron interceptados por hombres en moto, quienes dispararon y prendieron fuego al vehículo en el oriente de Cali; denuncian falta de protección del Estado.
Momentos de terror se vivieron en el oriente de Cali. Cuatro líderes sociales estuvieron a punto de morir en un brutal atentado ocurrido en el sector de Mojica, donde fueron atacados a bala y con una bomba molotov mientras se movilizaban en una camioneta.
El hecho ocurrió el pasado 13 de abril, cuando, según el relato de las víctimas, varios hombres en motocicleta los interceptaron y sin mediar palabra abrieron fuego contra el vehículo.
Uno de los sobrevivientes, Andrés Valencia, contó el angustiante momento que vivieron: “Nos hicieron un disparo y nos lanzaron como una molotov. En cuestión de minutos se incendió el carro. Unos segundos más y nos matan adentro”.
Las llamas consumieron rápidamente la camioneta, pero los ocupantes lograron salir a tiempo, evitando una tragedia mayor.
En el carro también se movilizaban los líderes sociales Lina Muñoz, Hernando Ojeda y Carlos Carabalí. Todos lograron salir con vida, aunque el susto y las secuelas del ataque siguen latentes.
El grupo venía de una reunión relacionada con procesos comunitarios y liderazgo territorial en la ciudad.
Ataque directo y bien planeado
De acuerdo con el testimonio, los agresores no solo dispararon, sino que también lanzaron un artefacto incendiario, lo que hace pensar en un ataque directo y premeditado.
Uno de los puntos más delicados del caso es que Andrés Valencia aseguró ser beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, al momento del atentado no contaba con esquema de protección.
El líder fue enfático en sus críticas al Estado: “Esto ya se volvió una situación muy difícil. No tenemos garantía del 100% y no podemos seguir exponiéndonos así”.
Valencia también lanzó fuertes denuncias contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegurando que ha tenido conflictos por presuntas irregularidades en el servicio.
Incluso habló de supuestos casos de corrupción dentro del sistema encargado de proteger la vida de líderes sociales.
Tras el atentado, las víctimas buscan formalizar la denuncia ante las autoridades, mientras exigen garantías reales de seguridad.
El caso ya genera preocupación en el oriente de Cali, donde líderes sociales aseguran que la situación se está volviendo insostenible.
