La nueva mesa directiva, liderada por Daniela Plaza, revisará el procedimiento tras advertencias de la Procuraduría y tensiones políticas entre el cabildo y la Alcaldía.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
El panorama para la designación del titular de la Contraloría Distrital de Cali sigue sumido en la incertidumbre. A pesar de que el Concejo inició sesiones extraordinarias este 19 de enero, la elección del nuevo contralor no fue incluida en la agenda oficial. Esta decisión prolonga el encargo de Luz Arianne Zúñiga Nazareno, quien se mantiene al frente de la entidad mientras la corporación intenta destrabar un proceso que ha estado marcado por el ausentismo y las advertencias de los entes de control.
La presidenta del Concejo, Daniela Plaza, informó que la nueva mesa directiva ha optado por realizar una revisión minuciosa de todo lo actuado hasta la fecha. El objetivo es analizar las decisiones tomadas por la anterior presidencia de Edison Lucumí y evaluar las alertas jurídicas emitidas por la Procuraduría General de la Nación. Según Plaza, se busca blindar la transparencia del proceso antes de proceder con cualquier votación definitiva que pueda acarrear nulidades.
El proceso para elegir al contralor para el periodo 2026-2029 se ha convertido en un escenario de confrontación entre el cabildo y la administración local. En las últimas plenarias, solo un grupo minoritario de concejales, entre ellos Roberto Ortiz y Ana Erazo, han asistido a las citas, mientras que la mayoría un bloque de 15 cabildantes se ha negado a participar alegando dudas legales. Este sector ha solicitado que el proceso se reinicie desde cero para evitar sanciones disciplinarias.
El conflicto no es solo técnico, sino también político. Voces como la de Roberto Ortiz han denunciado presuntas presiones por parte del alcalde Alejandro Eder, a quien instan a no interferir en la autonomía del Concejo. Por otro lado, los candidatos que conforman la terna oficial, como Ligia Amanda Gallego, han manifestado su preocupación por los retrasos, recordando que la Constitución exige que la elección se realice respetando el concurso público ya surtido.
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Al no abordarse en el presente periodo de extraordinarias, la discusión se trasladará a las sesiones ordinarias que inician en febrero. Expertos en temas estatales advierten que, si se elige de la terna actual, vendrán demandas de quienes defienden la tesis de la Procuraduría. En contraste, si se anula el concurso sin una orden judicial explícita, los actuales ternados también acudirán a los tribunales para reclamar sus derechos adquiridos tras superar las pruebas.
Mientras la capital del Valle del Cauca espera una definición, en otros municipios de la región el ambiente político también se agita. En Florida, el abogado Carlos Andrés Shaik Ospina hizo historia al ser elegido presidente del Concejo ocupando la curul de la oposición. Este hecho refleja una recomposición de fuerzas en el Valle del Cauca, donde la independencia de los cuerpos colegiados frente a los alcaldes de turno se ha convertido en el centro del debate público.
Cali necesita YA un Contralor Distrital en propiedad
Están en juego los $3.5 billones del empréstito y los impuestos de todos los caleños. Exigimos control fiscal riguroso y transparente de los recursos de la ciudad. pic.twitter.com/MHvdGQoFft
— Roberto Ortiz (@robertoortizu) January 20, 2026
En paralelo a la crisis administrativa de Cali, el precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba visitó la ciudad para recibir respaldos del Partido Conservador. En un tono enérgico, el excontralor lanzó propuestas radicales en materia de orden público, sugiriendo la creación de cárceles similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Córdoba enfatizó que el sistema carcelario colombiano requiere un enfoque de trabajo obligatorio para los internos, asegurando que los delincuentes deben producir sus propios alimentos y uniformes.
El precandidato también criticó duramente al gobierno nacional, señalando que al presidente Gustavo Petro le falta firmeza para recuperar el control territorial en el suroccidente colombiano. Córdoba propuso reintegrar a 120 mil hombres a las filas de la fuerza pública y fortalecer la inteligencia militar para enfrentar el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.
