No estaban pidiendo privilegios. No estaban reclamando beneficios.
Estaban pidiendo algo mucho más elemental: una oportunidad para seguir viviendo.
La semana pasada, familiares de pacientes con enfermedades oncológicas y huérfanas levantaron su voz para pedirle al Gobierno Nacional, a las autoridades de salud del Valle del Cauca y a las entidades responsables que intervinieran ante las dificultades que, según denunciaban, estaban afectando la atención médica que necesitan para enfrentar sus enfermedades.
Era un llamado desesperado.
Detrás de aquellas voces había personas que necesitan tratamientos, medicamentos, procedimientos y atención oportuna. Personas para quienes una autorización que no llega, una remisión que se demora o una atención que se aplaza no representa simplemente un trámite administrativo.
Representa tiempo.
Y para un paciente con cáncer, el tiempo puede ser determinante.
Ellos lo dijeron con claridad: no querían privilegios, querían que el sistema de salud les permitiera continuar luchando por sus vidas.
Pero apenas unos días después, aquella denuncia adquirió un significado todavía más doloroso.
Lo que parecía un llamado de advertencia terminó convertido en una historia de luto.
Hoy se conoce la primera víctima de esta situación: Blanca Rivera.
Su familia había hecho todo lo que estuvo a su alcance para conseguir la atención que necesitaba. Incluso, su hermana llegó al extremo de encadenarse en las oficinas de atención al usuario de la EPS SOS, buscando que la paciente fuera trasladada a un centro de mayor complejidad.
Finalmente, se habría conseguido el traslado. Pero, para la familia, la respuesta llegó demasiado tarde.
Blanca River falleció en la tarde de este lunes 7 de septiembre. Y entonces la pregunta deja de ser solamente por qué una paciente tuvo que llegar a una situación extrema para conseguir atención.
La pregunta es mucho más profunda:
¿Cuánto tuvo que esperar Blanca?
¿Cuántas puertas tuvieron que tocar sus familiares?
¿Cuántos trámites tuvieron que enfrentar?
¿Cuánto tiempo se perdió mientras una familia reclamaba una atención que, por la condición de la paciente, no podía esperar?
Y, sobre todo, ¿quién responde cuando las soluciones llegan cuando ya no hay tiempo para salvar una vida?
No se trata solamente de señalar a una entidad.
Aquí tendrán que responder quienes tenían la obligación de garantizar que una paciente con una enfermedad de alta complejidad recibiera atención oportuna: los responsables de la prestación del servicio, las autoridades de salud y, si corresponde, las instancias encargadas de vigilar y hacer cumplir los derechos de los pacientes.
Porque una cosa son los trámites, las autorizaciones, las remisiones y los procedimientos. Otra muy distinta es lo que ocurre mientras el paciente espera.
Mientras los documentos van de una oficina a otra, mientras se define quién debe autorizar, mientras se determina cuál institución debe atender, hay una persona esperando.
Y en el caso de los pacientes oncológicos, esa espera no ocurre frente a un problema cualquiera. Ocurre frente al cáncer.
La semana pasada ellos dijeron: “No nos dejen morir”.
Hoy, la muerte de Blanca Rivera vuelve a poner esa frase sobre la mesa. Y obliga a preguntar si las instituciones escucharon aquel clamor cuando todavía había tiempo para actuar.
¿Quién asume la responsabilidad?
¿La EPS? ¿Las autoridades de salud? ¿Los organismos de vigilancia? ¿Las autoridades judiciales? ¿Las administraciones municipales?
¿O seguirá ocurriendo lo mismo: que las familias tengan que protestar, encadenarse, ¿acudir a tutelas y recorrer oficinas para conseguir una atención que debería estar garantizada desde el primer momento?
Blanca ya no pudo esperar.
Pero su historia deja una pregunta que sí tendrán que responder las autoridades:
¿Cuántos pacientes más tendrán que morir para que el sistema de salud deje de tratar la enfermedad como un trámite y empiece a tratar al paciente como lo que realmente es: una vida que necesita ser protegida?
