Una denuncia presentada ante la Fiscalía pone bajo la lupa el funcionamiento de las cámaras de fotodetección y el manejo de los recursos del SIMIT.
Las fotomultas que durante años les han sacado canas a más de uno en las vías del país ahora están en el centro de una fuerte controversia. Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación advierte sobre presuntas irregularidades en la imposición de 7,5 millones de comparendos registrados entre 2018 y 2024.
Y hay un dato que llama especialmente la atención en Cali: la capital vallecaucana encabeza el listado de ciudades con más sanciones cuestionadas, con más de 2,7 millones de comparendos. Una cifra que pone sobre la mesa la necesidad de revisar cómo han funcionado estos sistemas de detección electrónica y si se cumplieron todos los requisitos para imponer las multas.
La denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, quien representa a un colectivo de cerca de 500 ciudadanos que desde hace más de diez años vienen recopilando información sobre posibles irregularidades en los procedimientos de fotodetección y en el manejo de los recursos relacionados con las multas de tránsito.
El caso no es menor. La controversia también está relacionada con las investigaciones adelantadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que en mayo pasado dieron a conocer hallazgos sobre presuntas anomalías en la operación de cámaras de fotodetección en 37 organismos de tránsito del país.
De acuerdo con la información expuesta por el abogado, las posibles sanciones derivadas de estas irregularidades podrían superar los $2,1 billones. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de cuestionamientos y denuncias que deberán ser revisados por las autoridades competentes.


Cali, en el primer lugar de los comparendos cuestionados
El panorama presentado en la denuncia muestra que Cali aparece por encima de otras grandes ciudades del país. Después de la capital vallecaucana se encuentra Medellín, con más de 717.000 comparendos, seguida de Bogotá, con más de 294.000, y Barranquilla, con al menos 131.000.
También aparecen registros de Cundinamarca, Villavicencio, Santa Marta, Popayán, Itagüí, Bello, Sabaneta, Soledad, Cartago, Yumbo y Barrancabermeja, entre otros municipios.
Uno de los cuestionamientos centrales tiene que ver con la autorización de las cámaras. Según el abogado Ruge, cerca del 35 % de los dispositivos de fotodetección no contarían con la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, recordó que estos sistemas deben cumplir condiciones para operar legalmente. Entre ellas están la señalización previa que informe a los conductores sobre la presencia de cámaras y la calibración periódica de los equipos.
Esto significa que no basta con instalar un dispositivo en una vía y comenzar a imponer comparendos. Las autoridades deben garantizar que se cumplan los requisitos establecidos para que las sanciones tengan validez.
También cuestionan el manejo de la plata del SIMIT
Colprensa señaló que la denuncia no se limita a las cámaras y a las multas. También pone bajo la lupa el funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), administrado por la Federación Colombiana de Municipios.
Según lo expuesto, esta entidad recibe el 10 % de cada multa pagada para financiar la operación del sistema. El abogado cuestiona la contratación y la destinación de esos recursos, y advierte sobre posibles concentraciones de dinero público en empresas privadas.
En particular, señala a la compañía Dicitec, a la que atribuye la ejecución de más del 50 % de los recursos del sistema. Como ejemplo, menciona un contrato por $25.290 millones, del cual, según su denuncia, $17.432 millones habrían sido trasladados a otra empresa mediante una subcontratación.
El expediente presentado ante la Fiscalía contiene 49 hechos y cerca de 1.200 folios con documentos y soportes. También hace referencia a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fechado el 4 de septiembre de 2026, que ordenó restituir a municipios y distritos $84.752 millones por concepto de excedentes financieros y rendimientos relacionados con los recursos de las multas.
¿Les devolverán la plata a los conductores?
Esta es una de las preguntas que más inquieta a quienes han tenido que sacar dinero del bolsillo para pagar una fotomulta. Según el abogado denunciante, el propósito de las acciones emprendidas es que se revisen tanto las sanciones pendientes como aquellas que ya fueron pagadas y que eventualmente puedan ser objeto de reclamación.
El abogado habla de 7,5 millones de ciudadanos afectados por comparendos que considera irregulares. De ese total, señala que unos seis millones figurarían como morosos o tendrían embargos, mientras que 1,5 millones ya habrían pagado las multas y buscarían recuperar su dinero.
Sin embargo, hay una aclaración fundamental: esto no significa que todas las fotomultas impuestas en Colombia sean ilegales ni que todos los conductores tengan derecho automático a una devolución. Cada caso debe revisarse de acuerdo con las condiciones en las que se impuso la sanción y los procedimientos legales correspondientes.
La denuncia quedó radicada ante la Fiscalía con el número 2026201305514361 y busca que se investiguen los hechos relacionados con la operación del SIMIT y los contratos señalados.
Para reunir a los ciudadanos interesados en esta causa, el colectivo también habilitó la página web simitdevuelvemelaplata.com, una plataforma que busca sumar afectados y promover acciones para reclamar por las presuntas irregularidades.
Por ahora, el caso queda en manos de las autoridades. Mientras tanto, a los conductores les corresponde revisar sus comparendos, conservar los soportes de pago y verificar las condiciones de cada sanción antes de asumir que pueden exigir la devolución del dinero.

