Autoridades nacionales pusieron la lupa sobre posibles irregularidades en sistemas de fotodetección. Cali tiene 2,7 millones de multas, mientras millones de comparendos podrían quedar sin efecto.
El Gobierno Nacional arrancó una investigación contra 37 entidades por presuntas fallas en el manejo de las fotomultas, y en ese listado aparece con peso propio Cali, nada más y nada menos que como la ciudad con mayor número de comparendos bajo la lupa.
Según reveló la Superintendencia de Transporte, hay dudas sobre el cumplimiento de requisitos técnicos clave en estos sistemas automáticos de detección de infracciones. En pocas palabras, varias cámaras habrían estado operando sin los permisos completos o con avales que no cumplían la norma.
El dato que más genera ruido es que entre 2018 y 2024 se impusieron más de 7,5 millones de comparendos en todo el país bajo estos sistemas. De ese total, más de 1,5 millones ya fueron pagados, representando una millonada que supera el billón de pesos.
Pero lo que prende más la polémica es que Cali lidera la lista con cerca de 2,7 millones de fotomultas. Le siguen ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla, aunque con cifras mucho menores.
La Supertransporte abre investigación a 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos en la operación de cámaras de fotodetección. Las multas podrían llegar a los $2,1 billones. pic.twitter.com/f3axQj8VFB
— SuperTransporte 🇨🇴 (@Supertransporte) May 19, 2026
Según el Ministerio de Transporte, las fotomultas no pueden convertirse en un negocio por fuera de la ley. La advertencia es contundente, porque si se comprueban irregularidades, las entidades podrían tener que devolver la plata recaudada e incluso pagar sanciones que duplicarían esos montos.
Además, hay otro dato que pone a muchos a hacer cuentas: más de 5,8 millones de comparendos que aún no han sido pagados podrían quedar sin validez. Es decir, podrían caerse de oficio y beneficiar a más de un millón de ciudadanos.
La investigación también reveló fallas como sistemas operando sin concepto técnico, avales expedidos a terceros y permisos obtenidos después de haber empezado a funcionar. Todo esto, según las autoridades, afecta la confianza de la gente y el debido proceso.
