La justicia colombiana ordenó el envío a prisión de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial provocó reacciones inmediatas en el escenario político, incluido un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien se desmarcó de los señalamientos penales y pidió respeto por el debido proceso.
Orden de prisión para los exministros
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en la UNGRD.
La decisión negó la posibilidad de detención domiciliaria al considerar la gravedad de los delitos imputados, entre ellos concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, así como el riesgo de interferencia en la investigación.
El tribunal aclaró que esta determinación no constituye una condena, sino una medida preventiva mientras avanza el proceso penal.
El escándalo que sacude al Gobierno
Velasco y Bonilla son señalados de hacer parte de un presunto entramado de corrupción que habría utilizado recursos públicos de la UNGRD para direccionar contratos y beneficios, supuestamente con fines políticos y administrativos.
Las investigaciones indican que el esquema habría servido para asegurar apoyos en el Congreso, mediante el manejo irregular de recursos destinados a la atención de emergencias y obras públicas.
El caso se ha convertido en uno de los escándalos más graves que ha enfrentado el actual Gobierno, al involucrar a dos figuras clave del gabinete presidencial.
La reacción del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocerse la decisión judicial y afirmó que no le corresponde al Ejecutivo calificar penalmente a los exministros. En sus declaraciones, sostuvo que será la justicia la encargada de establecer responsabilidades y pidió no anticipar juicios.
Petro también defendió la presunción de inocencia y señaló que no puede afirmar que los exfuncionarios sean corruptos, insistiendo en que el proceso debe avanzar con garantías.
División en el mundo político
La decisión generó reacciones encontradas en el escenario político nacional. Algunos sectores celebraron la medida como una señal de que la justicia actúa sin distinción de cargos o afinidades, mientras que otros la calificaron como desproporcionada y advirtieron sobre posibles excesos en el uso de la prisión preventiva.
Congresistas de oposición señalaron el caso como un golpe directo a la credibilidad del Gobierno, mientras que sectores afines al oficialismo insistieron en respetar el debido proceso y evitar condenas anticipadas.
Qué viene ahora
La defensa de Velasco y Bonilla anunció que interpondrá recursos para intentar revertir la medida de aseguramiento, argumentando que no existen pruebas suficientes que justifiquen la prisión en centro carcelario.
Entre tanto, el proceso judicial continúa y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas audiencias que permitan esclarecer el alcance real de las responsabilidades en el caso UNGRD, un escándalo que sigue sacudiendo la política colombiana.
