Son varios los interrogantes cuyo desenlace marcará un precedente:
- ¿Actuará la Fiscalía con celeridad? ¿Solicitará medidas de aseguramiento para evitar una posible fuga y garantizar la integridad del proceso? ¿Llamará a declarar a todos los implicados, incluyendo al hijo del General Salamanca y a la cúpula policial de la época?
- ¿Tomará el Gobierno decisiones de fondo? ¿Firmará el Ministro de Defensa la expulsión de Vanegas de la reserva de la Policía? ¿Declarará el Presidente Petro una inhabilidad permanente para que las empresas de Vanegas vuelvan a contratar con el Estado?
- ¿Funcionarán los entes de control? ¿Abrirá la Procuraduría investigaciones disciplinarias ejemplarizantes contra todos los oficiales involucrados en esta red? ¿Logrará la Contraloría recuperar el dinero de los contratos que se demuestren irregulares?
- ¿Habrá una reforma estructural? ¿Utilizará el Congreso este escándalo como una oportunidad para legislar sobre el conflicto de intereses de los oficiales de la reserva, la “puerta giratoria” y la transparencia en la contratación del sector defensa?
La respuesta a estas preguntas determinará el legado de este bochornoso episodio. Si la justicia actúa con contundencia y se toman las medidas políticas y administrativas que se requieren, el caso Vanegas podría ser un punto de inflexión, el inicio de una verdadera cultura de la legalidad en la contratación pública.
Pero si, por el contrario, el caso se dilata en los laberintos judiciales, si las decisiones políticas se aplazan indefinidamente y si al final todo termina en un manto de impunidad, el mensaje para los corruptos será devastador: en Colombia se puede montar un “ecosistema perfecto” para saquear al Estado, se puede poner la Policía al servicio de intereses privados, y al final, no pasa nada.
El país entero está en vilo, observando cada movimiento de este ajedrez. El caso de Andrés Vanegas Fernández ha dejado de pertenecerle a él para convertirse en un símbolo de la encrucijada en la que se encuentra Colombia. La encrucijada entre seguir siendo el país del “todo vale” o empezar a ser, de una vez por todas, un verdadero Estado de Derecho. La temperatura está subiendo, y de las decisiones que se tomen en las próximas semanas dependerá si la fiebre de la corrupción finalmente cede, o si termina por consumirnos a todos.
