El Gimnasio Campestre Los Laureles enfrenta un proceso administrativo de la Gobernación y revelaciones sobre su situación financiera, mientras avanza la investigación por la muerte de la menor.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años cuyo cuerpo fue hallado el 29 de agosto en Cundinamarca tras 15 días desaparecida, sigue generando impacto judicial y social. Ahora, la atención se centra en el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución educativa donde estudiaba la menor, que enfrenta no solo cuestionamientos públicos sino también procesos legales previos a la tragedia.
El penalista Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, solicitó a las autoridades el cierre inmediato del colegio, argumentando que el establecimiento no garantiza la seguridad de sus estudiantes. Según su planteamiento, la presunta omisión en el deber de cuidado habría contribuido al desenlace fatal.
#VideoBlu “Ahora el reto de la Fiscalía es determinar cuál fue el motivo de esa causa de muerte, o si un tercero la empujó o la sumergió o la puso en el río […] También hicimos énfasis en la responsabilidad de los empleados del colegio”, dijo Julián Quintana, abogado de la… pic.twitter.com/ftB8pZq4U8
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En paralelo, la Gobernación de Cundinamarca abrió un proceso administrativo sancionatorio contra el centro educativo para determinar si existieron fallas en la protección de los alumnos. Esta actuación se suma a la exigencia de esclarecer si el colegio tuvo responsabilidad directa o indirecta en los hechos.
A la complejidad del caso se suma la situación económica del Gimnasio Campestre Los Laureles. Documentos en poder de la Superintendencia de Sociedades revelan que la institución atraviesa un proceso de reorganización financiera desde octubre de 2023, con pasivos que superan los 4.465 millones de pesos y cuentas por pagar por 1.125 millones. Sus ingresos más recientes apenas alcanzan los 787 millones, lo que refleja un panorama de inestabilidad.
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El día previo al hallazgo del cuerpo de Valeria, la rectora y accionista del colegio, Sonia Inés Ochoa, radicó un documento en el que revocaba el poder a la abogada que representaba al plantel y designaba a otra profesional. Según registros, este escrito fue enviado el jueves 28 de agosto a las 3:55 p. m., y quedó oficialmente radicado el viernes 29, cuando se confirmó la muerte de la menor.
Ese mismo día, la institución difundió un comunicado rechazando los señalamientos del abogado Quintana, quien había advertido posibles irregularidades en la escena de la desaparición. Paralelamente, en el expediente del proceso de reorganización aparecen solicitudes relacionadas con el desembargo de más de 44 millones de pesos a favor del colegio.
🗣️🇨🇴“Ha sido muy doloroso, han sido días muy largos”, Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, habla de las acciones que tomarán contra el colegio por la muerte de su hija.
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En declaraciones a Noticias Caracol, Quintana insistió en que la Fiscalía debe investigar dos líneas principales: una, que una omisión grave por parte del colegio derivara en la muerte de Valeria; y otra, que un tercero hubiera aprovechado esa falta de control para raptar y asesinar a la menor.
El abogado también pidió celeridad en la entrega de los resultados de Medicina Legal, subrayando la importancia de que se establezca una hora aproximada del deceso y se determinen las causas exactas. El informe forense será clave para esclarecer si existieron responsabilidades institucionales en un caso que mantiene en alerta a las autoridades y a la opinión pública.
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