El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió este viernes el Decreto 182 de 2026, una norma del Gobierno que reorganiza la manera en que operan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia y habilita el traslado de millones de afiliados entre aseguradoras según criterios territoriales y poblacionales. La medida, que podría mover a más de 6 millones de usuarios, ha generado tanto respaldo del Gobierno como críticas de sectores de la oposición y gremios del sector salud.
Qué busca el decreto y por qué lo defiende el Gobierno
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo explicó que el Decreto 182 de 2026 no elimina el sistema de aseguramiento de salud, pero sí introduce una reorganización profunda de cómo y dónde pueden operar las EPS en el territorio nacional. La medida clasifica la presencia de aseguradoras en cada región según la población y el número de afiliados que tienen.
Jaramillo argumentó que el objetivo es garantizar la prestación efectiva de servicios de salud en zonas dispersas o con baja densidad poblacional y corregir fallas estructurales en la cobertura del sistema. Según él, la reorganización permitirá una asignación más ordenada de afiliados y mejor atención en regiones donde algunas EPS no cuentan con red suficiente ni presencia real.
El ministro también criticó decisiones de gobiernos anteriores, señalando que tras la liquidación de varias EPS en años pasados se generó una dispersión de usuarios sin una verdadera presencia territorial de las aseguradoras.
Cómo funcionará el traslado de usuarios
Bajo los nuevos criterios del decreto:
- EPS con baja cobertura en ciertos municipios o departamentos deberán ceder afiliados a otras aseguradoras con mayor presencia poblacional.
- Se estima que al menos 6,5 millones de afiliados podrían ser reubicados automáticamente, dependiendo de cómo cumplan las entidades los requisitos de cobertura territorial.
- La Nueva EPS, que actualmente cuenta con la mayor base de afiliados del país y está bajo intervención, sería una de las principales receptoras de usuarios reubicados.
Este traslado no solo responde a la cantidad de afiliados, sino también a criterios territoriales y demográficos, con el propósito, según el Gobierno, de que cada aseguradora tenga un número mínimo de afiliados en cada región para operar.
Reacciones encontradas y críticas
La medida ha generado un fuerte debate en el país. Gremios del sector salud y asociaciones de EPS han advertido que la reubicación masiva podría dejar a millones de usuarios en entidades con problemas financieros o capacidades limitadas, especialmente si terminan en EPS intervenidas o con fallas en su red de atención.
Por ejemplo, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, señaló que en más de 700 municipios podría quedar una sola EPS operando, lo que limitaría la elección y podría afectar la calidad del servicio.
También se han presentado acciones legales y solicitudes ante el Consejo de Estado para que se suspenda el decreto, argumentando que la medida vulnera el derecho a la libre escogencia de aseguradora y que podría poner en riesgo la atención de pacientes.
Contexto más amplio y debates jurídicos
El decreto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reestructurar el sistema de salud, que incluye convertir la Nueva EPS en una entidad pública y asumir las deudas pendientes, según ha explicado el Ejecutivo.
Sin embargo, sectores políticos y expertos han advertido que la norma debe ser analizada con cuidado para evitar impactos negativos en la cobertura, la libre elección de usuarios y la capacidad de las EPS para prestar servicios de calidad.
