Empresas postales podrían administrar recursos del público bajo un nuevo decreto que ha generado un fuerte rechazo en la banca central

El Banco de la República señala que la propuesta del MinTIC vulnera el control financiero y facilita posibles actividades de lavado de activos.

Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín

El panorama regulatorio en Colombia enfrenta una nueva tensión institucional debido a un proyecto de decreto liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La iniciativa busca otorgar a los operadores postales de pago la facultad de custodiar y administrar dinero de los ciudadanos mediante figuras similares a las cuentas de ahorro. Ante esto, el Banco de la República ha emitido una contundente alerta, señalando que esta medida podría comprometer la integridad del sistema financiero nacional.

A través de una misiva dirigida a Gloria Patricia Rangel, viceministra de Transformación Digital, el Emisor expresó su preocupación por los vacíos normativos que crearía este borrador. Según la entidad, permitir que empresas dedicadas a los servicios postales manejen recursos del público sin el rigor de una entidad bancaria va en contravía de los esfuerzos por modernizar los sistemas de pago de bajo valor. El Banco sostiene que, en lugar de fomentar el efectivo mediante giros, se debe priorizar la inclusión financiera dentro del ecosistema digital ya establecido.

A través de una misiva dirigida a Gloria Patricia Rangel, viceministra de Transformación Digital, el Emisor expresó su preocupación / Foto: @GloriaPerdomoR

Uno de los puntos más críticos señalados por el Banco de la República es la falta de vigilancia especializada. Actualmente, los operadores postales no están bajo la supervisión directa de la Superintendencia Financiera, lo que implica que no cuentan con los mismos estándares de control que rigen a los bancos o a las compañías del sector fintech. Esta carencia de supervisión robusta incrementa, según fuentes expertas, los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas en el territorio nacional.

El sector gremial también ha manifestado su inquietud. Desde Colombia Fintech calificaron la propuesta como inconveniente, advirtiendo que se estarían creando “canales de baja resistencia” para el crimen organizado al no exigir estándares Sarlaft equivalentes a los del sector bancario. Además, se resalta un peligro inminente para el ahorro de los usuarios: al no ser entidades financieras reguladas, los recursos depositados en estas empresas postales no estarían protegidos por el seguro de depósitos de Fogafin, dejando al ciudadano sin garantías en caso de quiebra.

Te puede interesar: Contralor de Cali no será elegido en las sesiones extraordinarias: la falta de quórum y las dudas jurídicas frenan el proceso

Para el Banco de la República, la propuesta del Gobierno Nacional resulta ineficiente desde una perspectiva económica. El Emisor destacó que potencializar el uso de servicios postales basados en efectivo solo genera altos costos en las operaciones formales y retrasa la digitalización de la economía. En la carta enviada al MinTIC, se recomienda invertir los esfuerzos regulatorios en fortalecer el ecosistema financiero actual, el cual ya ofrece herramientas de inclusión con menores riesgos para la estabilidad macroeconómica del país.

A pesar de que el borrador del decreto prohíbe expresamente que las empresas postales otorguen créditos o realicen operaciones de intermediación propias de los bancos, el mecanismo de recepción y custodia de dinero es visto como una banca en la sombra. Las autoridades financieras consideran que permitir la administración de ahorros sin una licencia bancaria rompe el principio de “misma actividad, mismas reglas”, generando una competencia desleal y peligrosa para el ahorro privado de los colombianos.

El proyecto de decreto incluye algunas medidas para intentar mitigar los riesgos, tales como la obligación de garantizar la trazabilidad en línea y la prohibición de fraccionar operaciones para evadir topes. No obstante, para la viceministra Gloria Patricia Rangel y su equipo, estas salvaguardas no parecen ser suficientes para convencer al Banco de la República, que insiste en que la custodia de dinero requiere un marco de capital y solvencia mucho más estricto.

La discusión sobre el futuro de los servicios postales de pago seguirá en el centro de la agenda económica durante las próximas semanas. Mientras el MinTIC busca ampliar el alcance de estos operadores para llegar a zonas apartadas, el sector financiero y el Banco central advierten que la seguridad de los recursos de los colombianos no debe sacrificarse en nombre de una inclusión financiera mal ejecutada. El país queda a la espera de si el Gobierno Nacional atenderá estas recomendaciones o si seguirá adelante con un decreto que, según expertos, tambalea la confianza en el sistema de ahorros

Te puede interesar: Salario mínimo reabre el debate económico tras cuestionamiento de Juan Daniel Oviedo: esto dijo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *