La solicitud se fundamenta en la avalancha de pruebas documentales y testimoniales, contenidas en al menos cuatro expedientes judiciales y periodísticos, que lo vinculan a una presunta red de corrupción para el direccionamiento de contratos, tráfico de influencias en nombramientos de altos oficiales y su preocupante mención en el caso de contrabando liderado por Diego Marín, alias “Papá Pitufo”.
La base de esta petición es el claro conflicto de interés que representa su doble condición de capitán en la reserva de la Policía y, simultáneamente, beneficiario final de una facturación de 47 mil millones de pesos en contratos con entidades públicas. “No se puede ser juez y parte. La reserva activa de la Fuerza Pública debe ser un honor y un compromiso con la nación, no una plataforma para hacer lobby y obtener ventajas comerciales”, señaló un congresista que está estudiando acciones legales para impulsar el veto.
La recomendación del Comité de Gestión de Oficiales de Reserva de expulsar a Vanegas de la institución, emitida en abril de 2025 y aún pendiente de resolución ministerial, es vista por los peticionarios como un primer paso necesario pero insuficiente. “La expulsión es una sanción moral y administrativa, pero el verdadero castigo para quien presuntamente ha saqueado al Estado es cerrarle definitivamente el grifo de los recursos públicos”, añadió la fuente.
La exigencia de veto se extiende a su núcleo familiar y empresarial, apuntando a que cualquier sociedad en la que Vanegas, su esposa María de los Ángeles Rangel, o cualquier otro familiar cercano tengan participación, sea incluida en un “listado rojo” de proponentes. Se busca así evitar que, a través de la creación de nuevas empresas o “sociedades de papel”, la red de Vanegas pueda seguir contratando con el Estado y perpetuando el presunto modelo de corrupción que hoy está bajo el escrutinio de la Fiscalía y la Procuraduría. La presión sobre el gobierno para que tome una decisión de fondo aumenta, mientras el silencio del empresario y la lentitud de las acciones disciplinarias generan indignación en la opinión pública.
