El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente un decreto del Gobierno que contemplaba el traslado masivo de cerca de seis millones de afiliados del sistema de salud a la Nueva EPS. La decisión judicial busca evitar posibles afectaciones a los usuarios mientras se analiza de fondo la legalidad de la medida y su impacto sobre la capacidad del sistema de salud.
La decisión judicial que frena el traslado masivo
El tribunal decretó una medida cautelar urgente contra el Decreto 182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que buscaba reorganizar el sistema de aseguramiento en salud bajo un modelo territorial.
La norma planteaba que millones de afiliados fueran trasladados de una EPS a otra, lo que en muchos casos implicaría mover usuarios hacia entidades intervenidas por el Estado, especialmente hacia Nueva EPS.
Sin embargo, tras revisar una acción popular presentada por un ciudadano, el tribunal concluyó que era necesario suspender temporalmente la aplicación del decreto para evitar posibles perjuicios mientras se estudia el caso en detalle.
Riesgos para los usuarios del sistema de salud
Según el análisis judicial, la implementación inmediata del decreto podría generar una alta concentración de afiliados en una sola EPS, lo que pondría en riesgo la libre elección de los usuarios y la capacidad de atención del sistema.
El tribunal también advirtió que trasladar millones de pacientes sin verificar previamente la capacidad operativa de las entidades receptoras podría provocar problemas en la prestación del servicio e incluso un colapso en la atención médica.
En el expediente se menciona que el plan del Gobierno contemplaba mover aproximadamente 6,6 millones de afiliados entre distintas EPS, de los cuales cerca de 2,6 millones serían asignados a Nueva EPS.
El origen de la demanda contra el decreto
La acción popular que originó la decisión judicial argumenta que la medida podría vulnerar varios derechos colectivos, entre ellos:
- El acceso eficiente al servicio de salud
- La libre competencia entre EPS
- La protección del sistema público de salud
Además, el demandante cuestionó la capacidad financiera y operativa de algunas entidades para asumir un aumento masivo de afiliados.
Qué pasará ahora con el decreto
Con la suspensión provisional, el Gobierno deberá abstenerse de aplicar los traslados masivos de usuarios mientras el tribunal analiza de fondo si el decreto cumple con las garantías legales y técnicas necesarias.
El proceso continuará en la jurisdicción contencioso administrativa, donde se evaluará si la reorganización del sistema de salud planteada por el Gobierno es viable o si representa un riesgo para millones de pacientes en el país.
