La Superintendencia de Industria y Comercio recordó que la autonomía empresarial tiene límites legales y anunció mayor vigilancia para proteger a los consumidores.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una advertencia dirigida a los distintos sectores económicos del país ante el riesgo de prácticas abusivas en la fijación de precios, en medio del impacto que genera el reciente incremento del salario mínimo en Colombia.
La entidad señaló que el aumento salarial ha reavivado un debate nacional sobre los costos operativos de las empresas y su eventual traslado al precio final de bienes y servicios, una situación que podría afectar directamente el bolsillo de los consumidores si no se respetan las reglas del mercado.
A través de un comunicado oficial, la SIC recordó que el modelo económico colombiano se basa en la libre iniciativa privada y la autonomía empresarial, pero enfatizó que esta libertad no es absoluta. La normativa vigente establece límites claros para evitar distorsiones que perjudiquen la competencia y los derechos de los usuarios.
En ese contexto, la Superintendencia subrayó que están prohibidas conductas como la fijación de precios inequitativos o excesivos, el actuar coordinado entre agentes económicos y cualquier tipo de influencia indebida ejercida por asociaciones o agremiaciones que busquen alterar la libre determinación de las condiciones de comercialización.
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La entidad también reiteró que los consumidores están protegidos frente a prácticas que vulneren su derecho a recibir información clara y veraz, especialmente en escenarios de cambios económicos que pueden generar confusión o desinformación en el mercado.
Asimismo, la SIC anunció que reforzará la vigilancia sobre la imposición de cláusulas contractuales abusivas, la publicidad engañosa y los incumplimientos relacionados con garantías, entre otras conductas que podrían generar desequilibrios en la relación entre empresas y usuarios.
Como parte de estas acciones, la Superintendencia recordó que mediante la Circular No. 4 de 2024, vigente desde febrero de 2025, impartió instrucciones específicas al sector constructor. Estas directrices establecen que tanto la publicidad como los precios de los proyectos de vivienda deben expresarse exclusivamente en pesos colombianos, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, correspondiente al Estatuto del Consumidor.
En el marco de la vigilancia de esta normativa, la SIC informó que ha requerido información a más de 20 constructoras en diferentes regiones del país. El objetivo es identificar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios y verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la autoridad de protección al consumidor.
