El ciudadano argumenta que el magistrado estaría incurriendo en una conducta “sistemática dilatoria” al postergar el análisis del proyecto de ley, ya aprobado por el Congreso.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jesús Chacín
Un nuevo incidente de recusación fue presentado ante la Corte Constitucional, esta vez contra su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, por presuntas demoras injustificadas en el estudio de la Reforma Pensional. La acción fue interpuesta por el ciudadano Javier Ibáñez Romero, quien sostiene que el magistrado estaría incurriendo en una “conducta sistemática dilatoria” en el trámite de esta ley ya sancionada por el presidente Gustavo Petro y aprobada por el Congreso.
Según el documento presentado, las maniobras dilatorias serían evidentes a la luz de las más recientes decisiones del magistrado Ibáñez, quien ordenó la práctica de al menos 17 pruebas adicionales a la Presidencia de la República y a la Cámara de Representantes. Estas pruebas buscan esclarecer el procedimiento que tuvo lugar los días 27 y 28 de junio, cuando se llevaron a cabo sesiones plenarias en la Cámara para subsanar los vicios de trámite previamente advertidos por la Corte.
La recusación también destaca como argumento la acción presentada por Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien cuestiona el aplazamiento de la discusión por parte del magistrado. En efecto, Ibáñez decidió postergar la presentación del proyecto ante la Sala Plena con el objetivo de contar con más elementos probatorios antes de emitir un concepto definitivo sobre la constitucionalidad o no de la reforma.
Entre las pruebas solicitadas por el magistrado, se encuentran varios requerimientos al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), incluyendo copia del decreto relacionado con la convocatoria del Congreso, la publicación oficial del mismo, así como los antecedentes y anexos. Adicionalmente, se pidió información sobre un viaje que habría realizado el presidente Petro el 27 de junio, lo cual podría tener implicaciones en la legalidad de las citaciones al Congreso.
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Por parte de la Cámara de Representantes, se pidió el envío de 14 elementos probatorios para esclarecer las condiciones en que se llevaron a cabo las mencionadas sesiones.
En el texto del incidente de recusación, se afirma que “estas decisiones del magistrado no obedecen a vacíos jurídicos sustanciales del expediente, sino que denotan una conducta sistemática dilatoria, que retrasa sin fundamento razonable el pronunciamiento de la Corte”.
Pese a las críticas, Ibáñez ha insistido en que es necesario contar con todos los elementos posibles antes de tomar una decisión definitiva que defina el futuro jurídico de una de las reformas más sensibles del actual Gobierno.
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