Un académico de la Universidad de los Andes presentó una propuesta integral para mejorar el sistema de salud colombiano que busca resolver sus fallas más profundas sin desmontar la estructura actual. La iniciativa combina cambios legales y técnicos para fortalecer la atención, financiar mejor los servicios y reducir la judicialización en salud, sin poner en riesgo la prestación de los servicios en el corto plazo.
Un enfoque pragmático frente a un sistema frágil
El sistema de salud colombiano enfrenta desafíos persistentes, como largas filas para consultas, demoras en autorizaciones, déficit de recursos y una creciente dependencia de tutelas para acceder a tratamientos.
Frente a este panorama, un investigador de la Universidad de los Andes propone una solución “salomónica”: no desarmar el sistema actual, sino reorganizarlo y reforzarlo desde adentro.
La idea central es aceptar que el sistema, aunque imperfecto, tiene elementos valiosos —como cobertura amplia y estructura institucional definida— y que su efecto negativo proviene más de fallas operativas y de financiamiento que de su diseño fundamental.
¿Qué partes del sistema quiere fortalecer?
1. Mejora del aseguramiento y financiamiento
El académico plantea que la financiación del sistema debe volverse más transparente y estable.
Esto implica:
- Redefinir aportes obligatorios y mecanismos de redistribución.
- Evitar atrasos en los pagos a los prestadores de servicios.
- Agilizar los flujos financieros entre aseguradoras, hospitales y médicos.
Según el investigador, gran parte del caos actual se explica por la escasez de recursos o por su mala distribución, más que por falta de voluntad o compromiso de los profesionales de la salud.
2. Reducción de la judicialización en salud
Una de las críticas constantes al sistema es el elevado número de tutelas por acceso a tratamientos, medicamentos y procedimientos. Esto presiona al sistema judicial y crea distorsiones en la gestión de recursos.
La propuesta sugiere:
- Clarificar el catálogo de servicios y tratamientos garantizados por ley.
- Acuerdos técnicos sobre límites y criterios clínicos.
- Mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no pasen directamente por la Corte ni por jueces civiles.
El fin no es negar derechos, sino ordenar el acceso a servicios de una forma más técnica y menos litigiosa.
3. Redistribución de responsabilidades
El académico propone una redefinición clara entre lo que hacen:
- El Estado, como regulador y garante de derechos fundamentales.
- Las EPS, como administradoras del riesgo y coordinadoras de atención.
- Los prestadores, que deben responder por calidad y tiempos de atención.
Esto implica fortalecer funciones de supervisión, control y evaluación, con indicadores de gestión claros y sanciones proporcionales por incumplimientos.
4. Incentivos para mejores resultados en salud
Otra pieza de la propuesta contempla mecanismos de incentivos para que los actores clave —especialmente EPS y clínicas— prioricen resultados de salud y satisfacción de los pacientes, en vez de simplemente gestionar pagos y autorizaciones.
Algunas ideas incluyen:
- Bonificaciones por reducción de complicaciones tratables.
- Premios por cumplimiento de estándares de calidad.
- Publicación de indicadores para mayor transparencia social.
Una alternativa que evita el riesgo de colapso
El investigador advierte algo muy importante: desmontar por completo el sistema actual sería costoso y traumático, especialmente si no hay una estructura nueva lista para sustituirlo sin interrupciones.
En cambio, su planteamiento busca corregir errores sin dejar desprotegida a la población, evitando rupturas bruscas que podrían dejar sin atención a millones de colombianos.
Recepción y desafíos de la propuesta
Aunque la iniciativa ha sido bien recibida en algunos sectores académicos y técnicos por su enfoque equilibrado, también enfrenta críticas de quienes consideran que el sistema requiere cambios más estructurales, incluso si son más costosos o disruptivos.
Entre los retos que expertos han señalado están:
- La voluntad política para llevar a cabo reformas profundas.
- El cuestionamiento de grupos que buscan cambios más radicales.
- La resistencia de partes interesadas que prefieren mantener el statu quo.
