Un reporte oficial advierte que más de 82.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares por la violencia, mientras cerca de 51.000 permanecen confinadas en regiones afectadas por enfrentamientos armados.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jesús Chacín
Durante los primeros seis meses de 2025, Colombia ha registrado un preocupante repunte en los casos de desplazamiento forzado y confinamiento, según lo reveló la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe.
Entre enero y junio, se documentaron 69 eventos de desplazamiento masivo, que han afectado directamente a 82.819 personas en distintos puntos del país. La mayoría de estos casos se concentraron en zonas históricamente vulnerables, con presencia de grupos armados ilegales y ausencia sostenida del Estado.
El reporte también da cuenta de 52 episodios de confinamiento, en los que se vieron limitadas las libertades de 50.703 personas. En estos casos, las comunidades quedaron atrapadas en sus territorios, sin posibilidad de movilizarse ni acceder a servicios básicos.
Solo durante el mes de junio, más de 850 personas tuvieron que abandonar sus viviendas, con los departamentos de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca entre los más afectados por estas dinámicas violentas.
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En cuanto a los confinamientos, Guaviare se posicionó como el foco de mayor impacto. 10.000 personas enfrentaron restricciones severas de movilidad y acceso a alimentos, salud y educación, agravando aún más la crisis humanitaria.
El informe incluye un apartado dedicado al Catatumbo, subregión ubicada en el departamento de Norte de Santander. Allí, desde mediados de enero, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las antiguas Farc han generado una emergencia prolongada.
En esta zona del noreste colombiano, más de 72.000 personas han resultado afectadas por los choques armados que se intensificaron a inicios del año. El municipio de Tibú ha sido uno de los epicentros del conflicto, con al menos 10.000 desplazados solo en ese territorio.
La crisis también ha impactado profundamente a Cúcuta, ciudad a la que han llegado más de 33.000 personas desplazadas en busca de refugio. Le sigue Ocaña, que ha recibido a más de 16.000 personas provenientes de áreas rurales sacudidas por los enfrentamientos.
Además de los eventos ya ocurridos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre 141 situaciones adicionales de riesgo de desplazamiento y confinamiento, lo que evidencia que la problemática podría intensificarse en los próximos meses si no se adoptan medidas eficaces.
Estas cifras reflejan no solo la persistencia de la violencia en diversas regiones del país, sino también la fragilidad de la respuesta institucional frente a crisis prolongadas en territorios disputados por estructuras armadas ilegales.
La Defensoría ha reiterado su llamado a las autoridades nacionales y locales para que activen rutas de atención, garanticen la seguridad de las comunidades y refuercen la presencia institucional en las zonas más afectadas por el conflicto.
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