Metida de pata del Estado dejó sin efecto la orden internacional.
Tremendo revolcón dio el caso del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, luego de que la Interpol le tumbara la circular roja que pesaba en su contra, dejándolo sin esa alerta internacional que lo tenía en la mira de 196 países.
La decisión no fue porque el proceso en su contra se haya caído, ni mucho menos. El lío fue otro: un error de Colombia a la hora de pedir la orden.
Según se conoció, la Interpol detectó que en el expediente enviado por las autoridades colombianas había información protegida por normas internacionales, es decir, datos que no se pueden usar ni difundir. Por eso, el organismo internacional no tuvo otra opción que borrar la circular roja de sus sistemas.
En palabras claras: la embarrada fue de este lado, y eso dejó sin piso la orden internacional.
Con esta decisión, González ya no tiene restricciones para moverse entre países, lo que podría abrirle la puerta para salir de Nicaragua, donde actualmente está asilado.
Cabe recordar que el exfuncionario recibió protección del gobierno de Daniel Ortega en agosto de 2025, en medio del escándalo que lo tiene en el ojo del huracán. Eso sí, que le hayan quitado la circular roja no significa que sea inocente o que el caso se haya cerrado. Nada de eso.
El escándalo que lo tiene contra las cuerdas
A González lo señalan como uno de los cerebros del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un escándalo que ha sacudido la política nacional.
La Fiscalía lo acusa de delitos graves como cohecho, peculado y lavado de activos, por supuestamente haber movido millonarios contratos a cambio de favores políticos.
Según la investigación, desde el Palacio de Nariño habría ordenado entregar contratos por 70.000 millones de pesos a altos congresistas, entre ellos Iván Name y Andrés Calle.
Pero eso no es todo. El expediente también habla de una supuesta entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo como coimas: 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle.
Toda esa plata, según las autoridades, habría salido de un contrato de 46.000 millones para comprar carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira.
La orden de captura sigue firme
Aunque la circular roja se cayó, en Colombia la cosa sigue caliente. La Corte Suprema de Justicia ya dejó claro que la orden de captura contra González sigue vigente y que debe responder ante la justicia.
Incluso, el alto tribunal ratificó que hay pruebas suficientes para mantenerlo privado de la libertad, señalando que su presunta participación en la red de corrupción está respaldada por testimonios clave, como el del propio Iván Name.
Además, la Corte advirtió que el exfuncionario representa un riesgo, no solo por la gravedad de los hechos, sino por sus conexiones en altos niveles del poder.
El escándalo no solo ha sido judicial, también armó un lío diplomático entre Colombia y Nicaragua.
Se investiga si desde la embajada colombiana en Managua se le habría ayudado a González a mantenerse en ese país. El nombre que suena es el de Óscar Muñoz, quien habría facilitado trámites migratorios.
Por este tema, la Procuraduría General de la Nación ya metió la lupa y revisó cientos de correos para establecer si hubo mano negra dentro del Estado.
El Gobierno colombiano podría volver a pedir la circular roja, pero esta vez sin errores. Mientras tanto, González sigue fuera del alcance de la policía internacional, pero con una orden de captura vigente en su país.
