La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permitirá imponer cadena perpetua a personas condenadas por homicidio, violación o terrorismo. La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, forma parte de la política de mano dura contra el crimen y las pandillas que el Gobierno mantiene desde 2022. La decisión fue respaldada por una amplia mayoría de diputados y representa uno de los cambios más drásticos en el sistema penal del país.
Reforma constitucional para endurecer las penas
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó modificar la Constitución para permitir penas de prisión perpetua en delitos considerados de extrema gravedad, como asesinatos, violaciones y actos de terrorismo. La iniciativa fue avalada con una amplia mayoría parlamentaria en un Congreso dominado por el partido oficialista.
Hasta ahora, aunque algunos tribunales podían dictar condenas superiores a 100 años, la legislación limitaba el tiempo máximo real de permanencia en prisión a 60 años, lo que en la práctica impedía aplicar una cadena perpetua efectiva.
Con la reforma, el país abre la puerta a castigos penales sin límite de tiempo para los delitos más graves.
Parte de la estrategia contra las pandillas
La medida se enmarca en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, que desde 2022 mantiene una ofensiva contra organizaciones criminales como MS-13 y Barrio 18.
Bajo el llamado “régimen de excepción”, el gobierno ha impulsado arrestos masivos y operativos militares en barrios controlados por pandillas. Como resultado de esa estrategia, más de 90.000 personas han sido detenidas por presuntos vínculos con grupos criminales, lo que ha llevado a El Salvador a tener una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
Las autoridades sostienen que estas acciones han contribuido a reducir de forma significativa los homicidios en el país.
Apoyo político y críticas internacionales
El cambio constitucional fue respaldado por la mayoría oficialista en el Congreso salvadoreño, que aprobó la reforma con 59 votos a favor y solo uno en contra, según reportes de medios internacionales.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y algunos analistas han expresado preocupación por el endurecimiento del sistema penal y por las medidas excepcionales que el Gobierno ha aplicado en su lucha contra las pandillas.
Los críticos advierten que algunas acciones podrían afectar garantías fundamentales, mientras que el Gobierno defiende la reforma como una herramienta necesaria para enfrentar la criminalidad.
Un cambio histórico en el sistema penal
Con esta decisión, El Salvador se suma a otros países de la región que contemplan la cadena perpetua para delitos especialmente graves.
Para el gobierno de Bukele, la reforma representa un paso más en la estrategia de seguridad que busca eliminar el poder de las pandillas y reforzar las sanciones contra los crímenes más violentos.
El impacto de la medida dependerá ahora de su aplicación en los tribunales y de cómo evolucione la política de seguridad en el país en los próximos años.
