“El fallo contra Uribe tiene que ver con hechos muy graves como masacres y paramilitarismo”

El senador Iván Cepeda reaccionó al fallo de culpabilidad en contra de Álvaro Uribe, insistiendo en que detrás del caso existen conexiones con violaciones sistemáticas de derechos humanos. La jueza Sandra Heredia dictó el sentido del fallo tras una audiencia de 11 horas.

Redacción El Qhubo/ Periodista Jesús Chacín

La lectura del fallo condenatorio en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa generando repercusiones políticas y jurídicas de gran alcance. La decisión, tomada el lunes 28 de julio por la jueza Sandra Heredia, concluyó que el exmandatario es culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque fue absuelto del cargo de soborno simple.

Durante una extensa audiencia de 11 horas, la jueza leyó más de 1.000 páginas de argumentación, en las que detalló el entramado que habría permitido a Uribe, con la participación de su abogado Diego Cadena, presionar y manipular testimonios en su beneficio. El fallo histórico fue emitido en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.

La lectura de la sentencia fue programada para el próximo viernes 1 de agosto a las 2:00 p.m., donde se espera conocer la decisión completa de la jueza. Por su parte, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, solicitó una condena de 108 meses de prisión domiciliaria, lo que equivaldría a más de 9 años de pena privativa de la libertad.

Al día siguiente, en entrevista con Caracol Radio, el senador Iván Cepeda se pronunció sobre el caso, afirmando que el fallo no se limita a una disputa legal individual, sino que tiene implicaciones más profundas y estructurales. “Este fallo sí tiene que ver con hechos muy graves, como el surgimiento de un grupo paramilitar, las masacres en Antioquia y el papel que jugó Álvaro Uribe Vélez y su hermano. Esos son hechos que deben ser esclarecidos”, declaró.

Cepeda ha sido uno de los principales denunciantes en este proceso, que tuvo origen en 2012 y derivó en una compleja cadena de contradenuncias, decisiones judiciales y comparecencias públicas. Para el senador, el reciente fallo representa un avance en la búsqueda de verdad judicial sobre episodios oscuros de la historia reciente del país.

Aunque el fallo de la jueza Heredia se concentró en las estrategias utilizadas para alterar el curso de una investigación penal, Cepeda enfatizó que lo que está en juego va más allá de los delitos imputados. Según dijo, las conexiones entre actores políticos y estructuras armadas ilegales deben ser objeto de análisis más amplio y sin dilaciones institucionales.

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Cepeda ha sido uno de los principales denunciantes en este proceso, / Foto: Captura de pantalla presidencia.

El proceso, que ha durado más de tres años, incluyó 67 audiencias, declaraciones de testigos protegidos y la recolección de pruebas como registros de llamadas, giros bancarios, audios y testimonios juramentados. Durante este tiempo, se han hecho públicas múltiples tensiones entre sectores políticos, organismos judiciales y representantes de víctimas.

Desde el entorno del expresidente Uribe, sus abogados insisten en que el proceso ha sido motivado por intereses políticos y que apelarán el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han recibido con satisfacción la decisión judicial como un paso hacia la rendición de cuentas de altos funcionarios del Estado.

La referencia de Cepeda a hechos como las masacres en Antioquia y el presunto vínculo con estructuras paramilitares, aunque no hacen parte directa de los delitos juzgados en este proceso, reavivan debates sobre la necesidad de avanzar en investigaciones integrales que aborden las responsabilidades de fondo en el conflicto armado.

El impacto del fallo y las reacciones políticas continúan marcando la agenda nacional. Mientras se acerca la audiencia de lectura oficial de sentencia, el caso Uribe sigue siendo uno de los más sensibles y observados en el escenario jurídico colombiano.

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