Vivimos en una época donde el sistema de administración de justicia se halla bajo una intensa lupa pública. La ineficiencia, la falta de eficacia y el olvido de los principios fundamentales del derecho penal han dejado al sistema tambaleándose en un terreno peligroso. Especialmente en la región caribe, el ente acusador enfrenta una crítica despiadada debido a su alarmante índice de impunidad y la falta de investigaciones adecuadas, superando un asombroso 90% en comparación con el consolidado nacional.
Entre las sombrías estadísticas, emergen los casos judiciales que involucran al exalcalde en dos ocasiones del municipio de Becerril, Raúl Fernando Machado Luna. Durante sus dos periodos como alcalde, se ha visto envuelto en una serie de actos corruptos que han sacudido la confianza de la comunidad. Sin embargo, y de manera irónica, la fiscalía parece haberse ausentado, permitiendo que Machado Luna continúe sus andanzas sin restricciones. ¿Cómo es posible que la fiscalía haya dejado a un lado su deber de aplicar medidas de aseguramiento? Resulta evidente que en el caso del Alcalde Machado Luna, tales medidas eran esenciales. No solo posee el poder y la autoridad para manipular información y documentos de respaldo de pruebas, sino que estos elementos lo señalan directamente y podrían demostrar su activa participación en los delitos que se le imputan.
Entre los cargos en su contra, destacan la Celebración de Contratos sin cumplir requisitos legales, el Peculado por apropiación y el Peculado por apropiación con favorecimiento a tercero. Todos estos cargos revelan un manejo turbio de los recursos públicos por parte de un alcalde que parece desafiar las normativas. Los documentos archivados, que curiosamente están bajo el control del propio alcalde, respaldan y confirman la comisión de estos presuntos delitos, según las investigaciones de distintas fiscalías seccionales de Valledupar.
Uno de estos casos ya ha avanzado a la etapa de juzgamiento, lo que destaca la urgente necesidad de celeridad, eficiencia y eficacia en el proceso para evitar que los plazos legales caduquen y Machado Luna quede impune. Aunque Machado Luna no posea el poder directo para manipular las pruebas en su contra, su influencia sobre los recursos públicos como administrador del gasto en el municipio de Becerril le ha brindado una especie de inmunidad, situación que parece enorgullecer en cada evento social.
Pero ¿qué garantía tenemos de que estos procesos judiciales no terminen siendo meras cifras en las estadísticas de impunidad? Entre los procesos activos que conforman su historial, podemos resaltar:
- Un proceso en etapa de investigación con radicado 20001-60-87922-2016-00030, por el delito de contrato sin cumplir los requisitos legales. Este caso está bajo la supervisión de la Fiscalía 16 Seccional, encabezada por el Fiscal Héctor Ruiz. La Audiencia de Formulación de Cargos tuvo lugar el 5 de junio.
- Durante su primer mandato, enfrenta un proceso por Peculado por apropiación en favor de tercero, con radicado 20001-60-01231-2017-02336. Este caso involucra la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, donde se detecta un detrimento en el erario público de seis mil millones de pesos ($6.000.000.000). Mientras que el contratista Berna Luz Guillén CArranza ya ha sido sometido a proceso judicial, el alcalde continúa sus maniobras con los recursos del municipio.
- Peculado por apropiación, bajo la Fiscalía 5 Seccional con radicado 110016000101201600162.
- En la misma Fiscalía 5 Seccional, se lleva a cabo una investigación por la comisión del delito de Celebración de Contratos sin cumplir requisitos legales, con Radicado 200016008792201600030.
- También enfrenta un proceso por la Celebración de Contrato sin cumplir requisitos legales, con radicado 20001-60-01075-2022-57273.
Lo más inquietante es que algunos de estos casos languidecen en las oficinas judiciales. ¿Acaso el alcalde de Becerril está destinado a evitar la justicia? Esta pregunta resuena en cada rincón de la comunidad. ¿Está aguardando el alcalde a que los delitos prescriban? La posibilidad resulta aún más preocupante si consideramos que la Contraloría General de la República fue quien dio la alarma, denunciando las irregularidades en la ejecución del contrato N° 062 del 27 de mayo de 2015, destinado a brindar asistencia nutricional integral y alimentación complementaria a segmentos vulnerables de la población. Increíblemente, esta denuncia se presentó en 2016, hace ya siete años, sin que se haya tomado una decisión en contra del alcalde de Becerril.
No obstante, un rayo de esperanza permanece en el horizonte. La comunidad exige que los procesos en contra de este alcalde no se conviertan en meras estadísticas de impunidad en el sistema de administración de justicia. La lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y la verdadera justicia continúa. Es necesario que los organismos judiciales se mantengan firmes en su deber de aplicar el derecho y que se resguarde la integridad del sistema legal en beneficio de toda la sociedad. El caso de Machado Luna es solo una parte de un rompecabezas más grande, uno que demanda respuestas, responsabilidad y acción.
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