Embargos, locales intervenidos y cifras que asustan. Investigan presunto lavado de activos y contrabando por miles de millones.
Lo que por años fue una de las marcas más reconocidas en ropa interior en Colombia, hoy está en el ojo del huracán. El caso de Lili Pink tiene a más de uno con la boca abierta, luego de que la Fiscalía General de la Nación destapara un presunto entramado de lavado de activos y contrabando que movería cifras billonarias.
Según las investigaciones, la empresa estaría vinculada a una red que utilizaba importadoras, comercializadoras y hasta empresas de papel para ingresar mercancía al país sin levantar sospechas. La jugada, según las autoridades, consistía en traer productos como ropa, cosméticos y juguetes, darles apariencia de legalidad y meterlos al mercado nacional como si todo estuviera en regla.
Pero lo más impactante son los números. La Fiscalía habla de un posible lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos, además de un enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones. A eso se le suma mercancía decomisada por más de 54.000 millones y un contrabando estimado en más de 75.000 millones de pesos.
Para poder avanzar en la investigación, las autoridades no se quedaron quietas. En operativos simultáneos en varias ciudades del país, aplicaron medidas de extinción de dominio que incluyen el embargo y secuestro de bienes. En total, más de 450 propiedades, entre locales comerciales y otros activos, quedaron bajo control del Estado.
De acuerdo con el director de extinción de dominio, Juan Felipe Cárdenas, todo este movimiento ilegal se habría sostenido en un sistema que dificultaba seguirle la pista al dinero, simulando transacciones comerciales legales para esconder el origen real de los recursos.
Además, se conoció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya había realizado aprehensiones y decomisos relacionados con este caso, lo que terminó de encender las alarmas y dar pie a las acciones judiciales.
Por ahora, la investigación sigue en curso y serán las autoridades las que determinen responsabilidades. Mientras tanto, el caso deja muchas preguntas en el aire y genera preocupación entre empleados, clientes y proveedores de la marca.
Este escándalo no solo sacude al sector comercial, sino que también pone sobre la mesa la lupa sobre cómo operan algunas redes ilegales en el país. Y como dicen en la calle: esto apenas está empezando.
